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A pesar de todo la situación es mejor, ya que las denuncias han bajado, según un informe de la ONU en el que se señala que también existen casos de detenciones arbitrarias y muestra la preocupación por las malas condiciones observadas en un centro de detención del Ejército en Parwan
El último informe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre el trato a los detenidos en ese país muestra una disminución de los casos de tortura desde el año 2016, pero constata que la tercera parte de los arrestados fueron víctimas de torturas y malos tratos.
El estudio se basó en una serie de entrevistas conducidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado a 618 detenidos recluidos en 77 centros de 28 provincias.
A modo general, la disminución del número de torturas y malos tratos pasó de un 39% entre inicios del 2015 y finales del 2016 al 32% actual.
De forma particular, se produjo un descenso de un 10% en las dependencias de la Dirección Nacional de Seguridad, donde pasó del 29% en 2016 al 19% en 2018, mientras que se redujo en un 14% -del 45% al 31%- entre los detenidos por la Policía Nacional Afgana.
Del mismo modo, también hay grandes disparidades en relación con la ubicación de los centros de detención. Así, la media de 31% en las dependencias policiales se dispara hasta el 77% en la ciudad de Kandahar donde se reportaron formas brutales tortura como asfixia, descargas eléctricas, desgarramiento de genitales y suspensión del techo.
Pese a las mejoras en las dependencias de la Dirección Nacional de Seguridad, preocupa el trato proporcionado a los detenidos, en especial en las provincias de Kabul, Khost y Samangan.
El informe también destaca casos de detención ilegal y arbitraria, e incluso de detenciones masivas, por parte de las Fuerzas Especiales de la Dirección Nacional de Seguridad y los cuerpos de protección de Khost.
Otro elemento que suscita preocupación son las malas condiciones observadas en el centro de detención del Ejército Nacional Afgano en Parwan. Entre ellas cabe destacar el hacinamiento, la iluminación inadecuada, el confinamiento en solitario como medida disciplinaria, las restricciones a las visitas de los familiares y el acceso a los abogados.
El representante especial del Secretario General para Afganistán, Tadamichi Yamamoto, destacó que, pese a las satisfactorias medidas adoptadas por el Gobierno durante los dos últimos años para prevenir e investigar los casos de tortura y malos tratos, “todavía queda un largo camino por recorrer para erradicar estas horribles prácticas”.
Por su parte, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recordó que Afganistán se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura hace un año por lo que instó al Gobierno afgano a trabajar con rapidez “para crear un mecanismo nacional de prevención que garantice un examen independiente e imparcial del trato de los detenidos”.
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