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Así lo ha confirmado este miércoles la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, que ha indicado que se trata de una investigación conjunta entre la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, “que llevan muchísimos meses llevándose a cabo”.
Quiñones ha precisado que, además de los registros en la sede de la Consejería de Obras Públicas en Santander, también se llevarán a cabo en empresas y en domicilios privados.
La delegada no ha proporcionado más información porque se ha decretado el secreto del sumario.
Según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno de Cantabria, a primera hora de la mañana se han personado en la sede de la Consejería agentes de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional y han precintado cinco despachos del servicio de mantenimiento de carreteras, a la espera de la llegada de una comisión judicial para proceder a realizar el registro.
Hasta ahora, no se ha tomado declaración a ningún alto cargo de la Consejería, que en principio no estarían involucrados –según el Ejecutivo–, mientras que el personal de Obras Públicas se ha puesto a disposición de la investigación.
Está previsto que el consejero, José Luis Gochicoa, comparezca ante los medios de comunicación sobre las 12.30 horas para informar de estos hechos.
