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La nueva orden, consensuada con CERMI y EAPN, eleva la subvención del ICASS hasta el 90% de los proyectos e incluye un nuevo programa de Sensibilización Social.
Santander- 11.03.2022
La Consejería de Empleo y Políticas Sociales, a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para apoyar con 640.000 euros a las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro, tanto para el mantenimiento de su actividad como para el desarrollo de programas sociales.
El texto de la nueva convocatoria, que se publica hoy en el Boletín Oficial de Cantabria, ha sido consensuado entre Consejería y el Tercer Sector tras varias reuniones de un grupo de trabajo en el que han participado miembros de CERMI y EAPN, el director de Políticas Sociales, Julio Soto, y la directora del ICASS, María Antonia Mora.
Entre las novedades, destaca la inclusión de un programa de Información Comunitaria y Sensibilización Social, así como el incremento de la financiación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales del 75 al 90 por ciento del coste total de cada proyecto.
Según ha explicado la directora del ICASS, María Antonia Mora, nuestro objetivo es “garantizar la continuidad de proyectos sociales que prestan apoyo y contribuyen a mejorar el sistema público de los Servicios Sociales en Cantabria”. Además, se han introducido algunas modificaciones en la baremación de los proyectos para facilitar que “el mayor número posible de entidades puedan recibir la ayuda del ICASS, apoyando especialmente a aquellas que trabajan en los municipios en riesgo de despoblamiento, pero sin perjudicar al resto”.
La convocatoria de las ayudas ESAL tiene dos líneas: una destinada a financiar los gastos de mantenimiento, por una cuantía máxima de 35.000 euros por entidad, y otra para apoyar el desarrollo de proyectos que estén dirigidos a personas en situación de dependencia, en riesgo de exclusión social, personas mayores, fomentar la protección de la infancia y adolescencia, así como el nuevo programa de información comunitaria y sensibilización social.
En esta segunda línea de ayudas, para la ejecución de estos programas sociales, la ayuda máxima es de 40.000 euros por entidad, estableciéndose un mínimo de 2.500 euros -excepto si la cantidad solicitada fuera inferior a ese importe-. Como novedad, según ha explicado María Antonia Mora, este año la subvención del ICASS puede alcanzar el 90% del coste total de la actuación en vez del 75% de las convocatorias anteriores.
Novedades de la convocatoria
La convocatoria de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, que se gestiona a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), distribuye en cinco ejes los programas sociales a desarrollar, cada uno de ellos con acciones específicas.
A este respecto, una de las novedades es la inclusión de iniciativas sobre ‘Soledad no deseada’ dirigida a todas las edades, algo en lo que la Consejería que encabeza Ana Belén Álvarez está haciendo especial hincapié, al considerar que se trata de “problema de primera magnitud”. De hecho, la Consejería está desarrollando, con fondos europeos, un programa pionero en la Comarca de Campoo.
También en esta convocatoria se han ampliado los profesionales que pueden trabajar en los programas de intervención psicosocial, recogiendo además de psicólogos, a los trabajadores sociales, pedagogos o educadores sociales.
En esta nueva convocatoria se admite que un 10% del coste total del programa sean gastos generales de gestión y administración de la entidad.
El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación correspondiente será de un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
Las solicitudes irán dirigidas al ICASS en el modelo oficial y se presentarán exclusivamente a través del Registro Electrónico Común de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la dirección electrónica “https://sede.cantabria.es/”. El certificado electrónico con el que se firma la documentación presentada deberá corresponder a quien ostenta la representación legal de la entidad solicitante.