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PRC y PSOE, con su mayoría absoluta en el Parlamento de Cantabria, han tumbado este lunes en el Pleno las tres iniciativas planteadas por la oposición -una del PP, otra de Cs y la restante de Vox- sobre medidas de fomento de la natalidad, de igualdad entre la escuela pública y la concertada y sobre la aplicación de la normativa de calidad de aguas en la industria agroalimentaria.
El partido naranja pedía mediante una proposición no de ley (PNL) un plan de ayuda a la natalidad basado en un pago directo de 350 euros mensuales durante dos años a las familias que tengan el primer hijo nacido en Cantabria, algo que regionalistas y socialistas han rechazado argumentando que las ayudas, además de que ya existen por parte del Gobierno central, regional y algunos ayuntamientos, “no son la solución” para abordar el problema demográfico, sino que se requiere de políticas en pro de la igualdad, la conciliación y la corresponsabilidad.
Los grupos que han apoyado la iniciativa, PP y Cs, han coincidido en la necesidad de esas medidas, pero creen que las ayudas son un “complemento” que fomentaría la natalidad porque, en el fondo, “la gente no tiene hijos porque no se lo puede permitir”.
Mientras, Vox se ha abstenido porque, aunque comparte el fondo de la propuesta, discrepa de algunas de las condiciones impuestas para recibir esta ayuda, como que solo sean para el primer hijo, lo que no beneficia a las familias numerosas. Y mientras que la PNL requería que las madres llevaran empadronadas en la región más de dos años, ha sugerido que para los extranjeros se amplíe a 10, para que primero “trabajen y contribuyan al Estado”.
MICROEMPRESAS AGROALIMENTARIAS
Otra iniciativa que no ha salido tampoco adelante por el ‘no’ de regionalistas y socialistas es la planteada por el PP, y apoyada por Cs y Vox, para que el Gobierno regional solicitase al Ejecutivo central la “exclusión” de las microempresas agroalimentarias del ámbito de aplicación del próximo real decreto sobre criterios de calidad del agua de consumo humano.
Esta petición se ha realizado dado que, en este momento, el Gobierno de España está trabajando en la trasposición mediante un nuevo real decreto de la directiva sobre calidad de las aguas destinadas al consumo humano.
Toda la oposición ha coincidido en la “imposibilidad” que para las microempresas alimentarias de la región (como queserías o pequeñas cerveceras artesanales) hay de cumplir con todas las exigencias de dicha normativa, pues los controles que en ella se plantean resultan “inasumibles” así como sus costes.
Han señalado que la directiva deja abierta la puerta a que cada Estado pueda excluir de su ámbito de aplicación a las empresas de este tipo.
Sin embargo, los ‘populares’ han asegurado que el Gobierno de España no está aprovechando esta “oportunidad” que ofrece Europa de excluir a estas microempresas de la aplicación de la norma, algo que, según ha advertido toda la oposición, podrá provocar cierres o amenazar el futuro de estas empresas que, según han resaltado, fijan población, generan empleo en el medio rural y crean produtos de calidad.
Para evitar lo que, a juicio del PP y de toda la oposición, supondría un “problema añadido” para el medio rural y un nuevo “obstáculo”, se pedía al Gobierno de Cantabria que instase al Ejecutivo a “rectificar”, excluir a estas empresas de la aplicación de la norma y así no poner más “palos en la rueda” a este sector productivo.
“Legislemos con cabeza”, ha pedido el diputado popular Pedro Gómez, que ha pedido “no generar un nuevo agravio innecesario para el sector primario”. “Bastante tenemos ya con la protección al lobo, la nula gestión del problema de los purines, la mala negociación de las ayudas de la PAC y la falta de soluciones ante los bajos precios de productos como la leche o los altísimos costes de nuestras materias primas”, ha apostillado.
La iniciativa ha contado la oposición de los grupos que sustentan al Gobierno. Así, el PSOE cree que busca “generar un poco de conflicto donde quizás no lo haya” y no considera que la norma suponga “nuevos perjuicios, obligaciones y gastos” para estas empresas y el PRC “no entiende que se pida lo que se está pidiendo” y tampoco el discurso “agorero” de la oposición.
Tanto regionalistas como socialistas han resaltado que lo que se busca con este tipo de normativas es proteger la salud y la vida de los consumidores.
El PRC ha señalado que no está a favor de “exclusiones” pero sí de “exenciones”, algo que -dice- sí se contempla la legislación que se está llevando a cabo.
El PP ha opinado que regionalistas y socialistas están realizando un “flaco favor” a estas microempresas.
EDUCACIÓN
Con idéntico resultado -esto es con el voto a favor de toda la oposición y el ‘no’ de regionalistas y socialistas-, también se ha rechazado una proposición no de ley de Vox que instaba al Gobierno de Cantabria a adoptar las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato” del alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos -esto es en los públicos y en los concertados- en lo referente a la financiación de los servicios complementarios, algo que, según ha insistido, no ocurre.
Así, desde Vox se reclamaba que todos estos alumnos puedan acceder a las subvenciones de transporte escolar, comedor y servicio de madrugadores o prolongación de horario “en las mismas condiciones”.
El diputado Armando Blanco ha señalado que ello permitiría que las familias más necesitadas puedan buscar una “educación de excelencia” para sus hijos y que ello les sirva de “ascensor social”.
Por su parte, desde PRC y PSOE se ha sostenido que no hay ninguna discriminación y, además, han señalado que la iniciativa parte de un “error” al considerar como servicios complementarios el de madrugadores o las extraescolares cuando no lo son, a diferencia del comedor y del transporte escolar.
La diputada regionalista Teresa Noceda ha explicado que las extraescolares ni el servicio de madrugadores “no dependen para nada” de la Consejería de Educación, sino que se organizan desde los propios centros y las AMPAs y los padres pagan por ellos. Sí ha puntualizado que en ayuntamientos, como el de Comillas, donde es alcaldesa, el servicio de madrugadores está subvencionado.
“No venga usted pidiendo que (en los concertados) les paguemos los servicios de madrugadores y extraescolares cuando en la pública no se hace”, ha apostillado.
Además, Noceda y la socialista Eva Salmón han aclarado que la gratuidad del transporte escolar y el servicio de comedor “no es universal” y no es gratuito tampoco en la escuela pública salvo para alumnos que “reúnan determinadas condiciones”.
Así, han explicado que es gratuito para aquellos alumnos del medio rural que cursan educación básica y que no tienen en su lugar de residencia el centro para formarse y, por tanto, están “obligados” a acudir a otro municipio -normalmente la cacecera de comarca- a estudiar.
Además, han señalado que la Ley educativa establece qué costes forman parte de los conciertos, entre los cuales, según ha subrayado, no se incluyen los servicios complementarios, como el de comedor o el de transporte escolar y, por tanto, la Administración “no tiene la obligación de financiarlos”. Por ello, ha señalado que en Cantabria la ley “se está cumpliendo perfectamente”.
Vox ha criticado el “sectarismo ideológico” del PSOE y le ha acusado de “atacar sistemáticamente a la concertada” y defender una educación basada “en las diferencias y la discriminación”. Y al PRC le ha recordado que la iniciativa lo que defiende es el derecho de los padres a elegir en libertad el tipo de educación que quieren para sus hijos, algo que, según ha apuntado, los regionalistas han respaldado en otras iniciativas debatidas en la Cámara.
