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El Grupo Santoñeses ha solicitado a través de su portavoz, Jesús Gullart, y mediante una moción registrada en el Ayuntamiento de Santoña, la finalización del trámite de enmiendas a la Proposición de Ley sobre bebés robados.
La proposición de ley sobre bebés robados se presentó en el Congreso de los Diputados en febrero de 2020 y fue aprobada por una amplia mayoría de votos (296), pero en su trámite de enmiendas lleva “encallada” desde junio de ese mismo año en la Comisión de Justicia de la cámara baja. La iniciativa parte de la Asociación “Adelante bebés robados por nuestro derecho a saber la verdad y justicia”, que está promoviendo una iniciativa común a todas las administraciones, tanto locales como regionales, para sacar de la parálisis a esta propuesta de ley. Una iniciativa que ha llegado a Santoña de mano del matrimonio San Emeterio-Martínez, afectado por un posible caso de bebé robado acaecido en el año 1973 y que lleva siendo un calvario emocional para esta familia santoñesa.
Ramona Martínez lleva buscando casi cincuenta años una respuesta a todos los interrogantes de la “extrañas” circunstancias que rodearon la muerte de su hijo, ocurrida a los tres días de su nacimiento, y su posterior inhumación. Una agonía familiar que podría finalizar con la tramitación de esta ley, puesto que los San Emeterio-Martínez, por su condición de matrimonio de avanzada edad con dos pensiones mínimas, son incapaces de asumir económicamente tanto los costes de la exhumación como los de las pruebas de ADN necesarias para la comprobación de identidad. En caso de aprobarse la ley, dichos gastos serían asumidos por el Ministerio Fiscal dentro del marco de la investigación.
