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La medida, que se sustancia en la modificación de la Ley de Derechos y Servicios Sociales, pretende beneficiar a las más de 6.000 personas que trabajan en el ámbito de los cuidados.
“Reconocer salarialmente el trabajo que realizan es indispensable si queremos avanzar en la profesionalización del sector”, ha defendido Ana Belén Álvarez.
Santander-28.02.2022.
Cantabria es la primera comunidad autónoma de España en garantizar por ley que los precios concertados en el sector de la Dependencia y Discapacidad se actualizarán conforme a los incrementos salariales que provengan de la negociación colectiva sectorial.
Se trata de una medida que pretende beneficiar a las más de 6.000 personas trabajadoras del sector en Cantabria con una mejora de sus condiciones laborales y avanzar así en la profesionalización del empleo en el ámbito de los cuidados.
Así lo ha explicado la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, durante la aprobación, por unanimidad, en el Parlamento de Cantabria de la modificación de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales, que lo hace posible.
Ana Belén Álvarez ha incidido en que reconocer salarialmente el trabajo que realizan los trabajadores y las trabajadoras del sector es “indispensable” para “retener el talento y dotar de estabilidad a las relaciones laborales”, lo que redundará “en una atención cada vez de mayor calidad y centrada en las personas”, según ha subrayado.
Con esta iniciativa, impulsada por la Consejería, acordada con el sector y los agentes sociales y respalda por los grupos parlamentarios, la consejera ha señalado que “Cantabria vuelve a situarse a la vanguardia de España en el despliegue de la dependencia y la discapacidad y, sobre todo, en la profesionalización del sector”.
“La Consejería de Políticas Sociales no será un obstáculo en la negociación colectiva sectorial, ni en el cumplimiento del convenio colectivo como consecuencia del precio público”, ha argumentado Ana Belén Álvarez explicando la importancia de la medida que aporta a las empresas prestadoras de los servicios “una garantía” para que afronten la mejora salarial establecida en el actual convenio y que, al mismo tiempo, “deja la puerta abierta a futuras mejoras”.
En este sentido, según ha destacado la titular de Políticas Sociales, la proposición de ley “es una solución de presente y de futuro”, ya que “no solo compromete al Gobierno actual, sino también a los venideros”. “No queremos que en el futuro se den situaciones del pasado”, ha apostillado.
“Todo el equipo de la Consejería de Políticas Sociales -ha explicado en el Parlamento-, creemos firmemente que mejorar las condiciones de trabajo es indispensable para contar con profesionales especializados en la atención, que no huyan a otros sectores a la mínima oportunidad, y con ello, dar estabilidad a las plantillas, lo cual, indiscutiblemente, va a mejorar la calidad de la atención que reciben las personas dependientes y con discapacidad”, ha insistido.
A este respecto, ha manifestado que la carencia de profesionales es un hecho conocido que se ha puesto de manifiesto con mayor intensidad con motivo de la pandemia, y es debida a que las condiciones laborales no son atractivas, fundamentalmente, porque los salarios son bajos y la carga de trabajo elevada. “Si estas dos premisas no varían, el resultado tampoco lo hará”. “Hoy introducimos un cambio en esa ecuación para que el resultado sea otro”, ha afirmado.
La modificación legal
El objetivo de la modificación legislativa es garantizar por Ley que la subida salarial acordada en negociación colectiva sectorial tenga que repercutirse en el precio de las plazas concertadas, en la ‘tarifa’ que abona la Administración pública –en el caso concreto de Cantabria, el ICASS- a la empresa prestadora del servicio, de forma que los precios públicos de concertación no sean un freno a la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de la dependencia y la discapacidad.
Para ello, se ha modificado la Ley 2/2007, de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria, para introducir una modificación en la disposición adicional quinta de la Ley. “Esta medida se sustancia con apenas la introducción de un párrafo; un único párrafo, sí, pero con una gran repercusión”.
La consejera ha señalado que la aprobación de la modificación de la ley en el Parlamento, “no es un punto y final”, sino “un paso importante, muy importante, que tenemos que hacer efectivo”.
“Ahora nos toca un ejercicio de introspección presupuestaria para asumir el impacto económico que conlleva esta medida. Comenzamos desde ya a trabajar para que esta proposición sea efectiva en el menor tiempo posible y tenga su reflejo en la Orden de precios públicos”, ha manifestado.
Durante su intervención, la titular de Políticas Sociales ha agradecido la confianza depositada por el sector, así como la unanimidad para apoyar una medida que “en lo personal y en lo profesional, probablemente sea una de las mayores satisfacciones desde que asumí el cargo de consejera” al saber que “una medida impulsada por la Consejería y acordada con el sector y los agentes sociales, va a tener una repercusión directa, tan beneficiosa y tan merecida, en las condiciones laborales de vida de más de 6.000 trabajadoras y trabajadores”.
Precisamente, a las personas trabajadoras también ha querido lanzar un mensaje: “Sabed que vamos a seguir dando pasos para mejorar vuestras condiciones laborales”.
