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Santander- 24.05.2019
La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha defendido hoy la compra pública responsable, tras la aprobación ayer en Consejo de Gobierno, del decreto por el que se establecen las directrices de política general sobre la incorporación de criterios y cláusulas sociales en la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
“Es una herramienta esencial para impulsar y fomentar una mayor responsabilidad ética, social o medioambiental del sector público”, ha asegurado Díaz Tezanos sobre este reglamento, que está encaminado a incorporar criterios que fomenten la igualdad de oportunidades, trabajos dignos, la inclusión social, la accesibilidad, y la protección del medio ambiente, entre otros, para un uso más eficiente de los recursos públicos.
Diaz Tezanos ha recordado la relevancia que la contratación pública tiene en el conjunto de la economía, cifrada según la Comisión Europea en un 20% del PIB europeo, y ha asegurado que ”no puede ser considerada como un fin en sí mismo, sino que debe ser visualizada como una potestad o herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas”. ”La contratación puede y debería ser una técnica que permitiera conseguir objetivos sociales, ambientales o de investigación”, ha señalado.
Además, ha puesto de relieve el impacto de la “contratación verde” que permite que “las autoridades públicas adquieran mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otras mercancías, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar”.
“Este modelo de contratación contribuye al cumplimiento de leyes sociales y laborales de políticas nacionales e internacionales”, ha explicado la consejera, que ha considerado que, además, tiene un importante efecto “estimulando mercados con conciencia social” y “demostrando habilidades de gobernanza sensibles a los aspectos sociales como la igualdad de género, la equidad, la lucha contra el despilfarro alimentario, la lucha contra el cambio climático, el apoyo a colectivos socialmente desfavorecidos, y la promoción de las personas con discapacidad, entre otros”.
La vicepresidenta también ha puesto en valor “el fomento de la integración de grupos significativos en la sociedad, como pueden ser las personas con discapacidad, las mujeres o las minorías en actividades claves en el mercado” y que garantiza “unos gastos públicos más eficaces y eficientes con mayor afectación real a las personas o colectivos más desfavorecidos”.
Fuente: www.cantabria.es
