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El presidente y la consejera de Presidencia asisten en Luena a la puesta en marcha de este servicio que beneficiará a un total de 23.000 cántabros.
El Gobierno de Cantabria invertirá algo más de 2 millones de euros para instalar cajeros automáticos en 38 municipios en riesgo de despoblación y acercar este servicio básico a núcleos rurales que hasta ahora carecían de estos equipamientos. La medida, que forma parte del Plan de Lucha contra la Exclusión Bancaria diseñado por la Consejería de Presidencia en el marco de la Estrategia frente al Reto Demográfico y contra la Despoblación Rural de Cantabria, beneficiará a un total de 23.000 cántabros.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, han asistido hoy en la sede del Ayuntamiento de Luena a la puesta en marcha de esta iniciativa, que se desplegará en los próximos 5 años y que nace a partir de un convenio de colaboración suscrito con 38 de los 39 ayuntamientos recogidos en la Delimitación de Municipios Afectados por Riesgo de Despoblamiento en Cantabria establecida por el Consejo Asesor del Despoblamiento (todos excepto Vega de Pas, que ha renunciado al cajero).
Concretamente, se han unido al proyecto Cabezón de Liébana, Cabuérniga, Camaleño, Lamasón, Los Tojos, Peñarrubia, Pesaguero, Polaciones, Rionansa, Tresviso, Tudanca, Vega de Liébana, Cieza, Hermandad de Campoo de Suso, Campoo de Yuso, Pesquera, Las Rozas de Valdearroyo, San Miguel de Aguayo, Santiurde de Reinosa, Valdeprado del Río, Valdeolea, Valderredible, Arredondo, Luena, Miera, Ruesga, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Soba, Cillorigo de Liébana, Herrerías, Ruente, Anievas, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Molledo, Rasines y Valle de Villaverde.
Actualmente, ya están en funcionamiento los tres primeros cajeros en Luena, Peñarrubia y Los Tojos, otros 15 están ya instalados y todos ellos, los 38, estarán operativos a finales del mes de enero para posibilitar a los vecinos disponer de efectivo, realizar ingresos, consultar saldos y movimientos, emitir transferencias, realizar pagos de recibos e impuestos y recargar tarjetas de crédito y teléfonos móviles, entre otras funciones.
Miguel Ángel Revilla y Paula Fernández han reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria en la lucha contra la despoblación, a través de la Estrategia contra la Despoblación Rural y sus 300 medidas, y han destacado la importancia de este Plan de Lucha contra la Exclusión Bancaria para facilitar a los habitantes de las zonas rurales el acceso a cajeros automáticos sin que tengan que desplazarse a otras localidades.
Asimismo, han agradecido su colaboración en el proyecto a Euro Automatic Cash Entidad de Pago SL, que ha resultado adjudicataria de la convocatoria, y a Banco Santander, que participa en esta empresa con un 50% y ha intervenido activamente en su desarrollo.
Revilla ha apuntado que Cantabria es pionera en la puesta en marcha de esta “buena idea” que se suma a otras iniciativas encaminadas a que la gente no se vaya de los pueblos como la instalación de banda ancha de Internet, cuyo despliegue está “a punto de acabar” y convertirá a los cántabros en “los primeros de España y de Europa” en disponer de conexión de alta velocidad en todo el territorio.
El presidente ha reflexionado que, como consecuencia de la pandemia, hay ahora una “tendencia irreversible” de retorno a los pueblos que el Gobierno regional quiere aprovechar para hacer frente al “desastre” que supone la despoblación. Sobre la crisis sanitaria y a pesar del “disparo” del número de contagios, ha augurado que “dentro de 3 meses, cuando los niños estén vacunados y todos tengamos la dosis de refuerzo, este bicho va a tener un futuro poco halagüeño”.
Por su parte, Paula Fernández ha puesto en valor esta medida de “discriminación positiva” promovida por la Consejería de Presidencia para que no haya en Cantabria ningún municipio sin cajero automático y ha subrayado que el plan incluye, además, acciones formativas para que cualquier ciudadano pueda hacer uso del servicio.
“Estas son las cosas que hay que mirar, un servicio básico y esencial, que una persona no tenga que recorrer un montón de kilómetros para hacer cualquier transacción económica”, ha enfatizado Fernández, en alusión al debate actual sobre financiación autonómica.
El presidente y la consejera han estado acompañados en el acto por el alcalde de Luena, José Ángel Ruiz; la directora general de Administración Local, Rosa Valdés, y, en representación de Banco Santander, el director territorial de Cantabria y Asturias, Manuel Iturbe; el director comercial en la región, Francisco Artime, y la responsable de Transformación, Eva Pérez, que ha sido la encargada de explicar el funcionamiento de los cajeros. También ha estado presente José Rincón, director manager de la sociedad adjudicataria.
José Ángel Ruiz ha agradecido la implicación del Gobierno en la lucha contra la despoblación con actuaciones tan básicas y necesarias para los ciudadanos como esta; mientras que Manuel Iturbe ha señalado que este proyecto complementa los servicios que ofrece la banca digital y supone un paso más para conseguir la inclusión financiera de miles de cántabros que viven en municipios donde no hay presencia física de una entidad.
“Con estos acuerdos, conseguimos mejorar el servicio a los ciudadanos y adaptarnos a sus necesidades”, ha resaltado el director territorial de Banco Santander.
Inclusión financiera en zonas rurales
Con el objetivo de impulsar la inclusión financiera de las zonas rurales, el Gobierno publicó en el mes de agosto una convocatoria de ayudas que se resolvió, finalmente, el pasado mes de noviembre.
Previamente, la Consejería de Presidencia, a través de la Dirección General de Administración Local, suscribió un convenio de colaboración con cada uno de los ayuntamientos, convenio en virtud del cual las entidades locales se comprometen a ceder el espacio donde ubicar los cajeros, acometer y costear la obra necesaria para extender el tendido eléctrico y la línea de datos/Internet, comprobar el estado del servicio y poner a disposición de la empresa adjudicataria instalaciones municipales y dispositivos tecnológicos para poder realizar acciones formativas dirigidas a los vecinos.
