40273 visitas
El PRC urge al Ejecutivo de Sánchez a que cubra las plazas de secretarios, interventores y tesoreros para garantizar la legalidad y la seguridad jurídica en los ayuntamientos.
Los regionalistas subrayan que un tercio de los municipios de Cantabria carecen de estas figuras “claves” en la gestión local.
El Partido Regionalista de Cantabria urge al Gobierno central a que cubra las plazas de secretario secretarios e interventores porque son “claves” para garantizar la seguridad jurídica y la legalidad en la gestión de los ayuntamientos.
Así se recoge en la proposición no de ley que el Grupo Regionalista ha registrado, que se debatirá el próximo lunes en el Parlamento de Cantabria, y que hoy han presentado el portavoz parlamentario, Pedro Hernando, y la diputada y alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, que será la encargada de defender esta iniciativa cuyo objeto se centra en evitar que “los ayuntamientos se encuentren atascados o paralizados en su actividad diaria y que incide directamente en la vida de los vecinos”.
Díaz ha apuntado que los ayuntamientos llevan “años” sufriendo esta situación que, en Cantabria, afecta a un tercio de los municipios. “Es necesario proveer esas plazas que la ley atribuye a los habilitados nacionales, que son secretarios, interventores y tesoreros”, ha incidido.
Al hilo, ha explicado que “la ausencia” de estos profesionales que, en muchas ocasiones se están cubriendo con auxiliares o con funcionarios de igual rango está provocando “falta de seguridad jurídica. Pedimos seguridad jurídica en las decisiones y en todas las gestiones que realicemos quienes estamos al frente de las administraciones locales, pero además se va reforzar la legalidad porque los habilitados nacionales son los que mejor nos pueden garantizar esos dos principios: seguridad jurídica y legalidad”.
Por ello, con su propuesta los regionalistas pretenden, según ha subrayado Hernando, “solucionar” este problema además ha apuntado que la iniciativa va encaminada a “mejorar las condiciones laborales, de trabajo y legales” de esos funcionarios.
De este modo, han recordado que el problema ha surgido como consecuencia de que “los sucesivos gobiernos centrales” hayan convocado plazas y procesos de selección “con cuenta gotas”, lo que ha disuadido a los potenciales opositores a los puestos de secretario, interventor o tesorero.
La ausencia de estos funcionarios está provocando la acumulación de expediente, el retraso de los mismos, así como la acumulación de las facturas. Un hecho que se agrava en los municipios de menos de 5.000 habitantes donde la figura del secretario e interventor se acumula en una sola persona.
Una situación que puede agravarse porque los habilitados nacionales que se incorporaron en los años 80 y 90 del siglo XX están próximos a su jubilación. Solo en Cantabria, en 2020, había 33 plazas sin cubrir.
En este sentido, han destacado “el esfuerzo” del Gobierno de Cantabria que, en colaboración con Cosital Cantabria, ha creado una bolsa de trabajo autonómica para interventores, secretarios y tesoreros interinos para cubrir “de manera subsidiaria” las vacantes cuando el Estado no lo hace.
Por el contrario, la modificación del Real Decreto 128/2018 no ha ayudado a mejorar la problemática porque es “más restrictivo” en cuanto al número de acumulaciones que se permite por habilitado nacional respecto a las funciones que le son reservadas, limitándose a una única acumulación por funcionario.
Por todo ello, en la propuesta de resolución de su PNL, los regionalistas proponen al Gobierno de Cantabria instar al Gobierno central a convocar plazas y realizar procesos selectivos “ágiles de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en cantidad suficiente para cubrir las necesidades de todas las Entidades Locales de España”.
Y a la modificación del Real Decreto 128/2018, en el sentido de “eliminar la restricción en cuanto al número de acumulaciones de funciones reservadas a estos habilitados de carácter nacional, en tanto en cuanto se cubran las vacantes, evitando, a su vez, interpretaciones restrictivas para la cobertura provisional por dichos funcionarios”.
